Medida ordenada por la Corte IDH:
El Estado tiene la obligación de otorgar una beca en instituciones de educación primaria, secundaria, técnica y superior, de carácter pública o privada en El Salvador, a favor de los dos hijos de Manuela, concertada entre éstos y el Estado, para culminar la educación primaria y secundaria, y realizar estudios superiores técnicos o universitarios, ya sean de pregrado y/o posgrado, o bien para capacitarse en un oficio. La beca deberá cubrir todos los gastos para la completa finalización de dichos estudios.
Plazo:
18 meses desde la notificación de la sentencia realizada el 30 de noviembre del 2021.
Estado de implementación:
El Estado ha informado acerca de las acciones realizadas para asegurar la continuidad educativa de ambos hijos de Manuela, asegurando pruebas vocacionales, el ingreso en las instituciones elegidas por ellos, brindando refuerzos educativos y computadoras portátiles.
Observaciones de organizaciones colitigantes:
Pese a las opciones de estudio ofrecidas por el Estado para ambos hijos, este sigue sin garantizar una beca económica integral que cubra de forma sostenible los gastos de alimentación, hospedaje, materiales académicos y transporte que ellos requieren para estudiar.
Las becas para los hijos de Manuela deben comprender cualquier recurso que puedan necesitar para acceder exitosamente a sus estudios y culminarlos. Esto incluye acceso a tutorías, recursos para traslados, gastos de manutención para satisfacer sus necesidades básicas y con ello poder dedicarse a sus estudios, así como gastos para materiales necesarios.
Observatorio de la Sentencia Manuela vs. El Salvador, es una iniciativa de las organizaciones colitigantes y sus representades, con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de la sentencia en favor de Manuela, su familia y todas aquellas personas que se ven afectadas por la criminalización de las emergencias obstétricas, como consecuencia de la ley que penaliza de manera absoluta el aborto en El Salvador.
Colonia Centroamérica, Calle Gabriela Mistral #566, San Salvador, El Salvador.
Financiado por la Unión Europea en el marco del proyecto: “Vivas y empoderadas, luchando por nuestros derechos en El Salvador”.
