Medida ordenada por la Corte IDH:

El Estado tiene la obligación de adoptar un protocolo para la atención de mujeres que requieran atención médica de urgencia por emergencias obstétricas. El protocolo deberá estar dirigido a todo el personal de salud público y privado de El Salvador, estableciendo criterios claros para asegurar que, en la atención de estas mujeres:

i) se asegure la confidencialidad de la información a la que el personal médico tenga acceso en razón de su profesión.

ii) el acceso a servicios de salud no esté condicionado por su presunta comisión de un delito o por la cooperación de las pacientes en un proceso penal.

iii) el personal de salud se abstenga de interrogar a las pacientes con la finalidad de obtener confesiones o denunciarlas.

Plazo:

Doce meses desde la notificación de la sentencia realizada el 30 de noviembre del 2021.

Estado de implementación:

Observaciones de organizaciones colitigantes:

Respecto al Protocolo adoptado por el Estado, las organizaciones co-litigantes remarcamos que el Estado debe aportar información sobre los indicadores que servirán para medir el impacto de este protocolo y su efecto transformador y útil en la realidad que enfrentan las mujeres salvadoreñas que tienen emergencias obstétricas. Dichos indicadores deben servir para medir: 

  • Disminución de denuncias por parte del personal médico en casos de emergencias obstétricas. 
  • Disminución de presunciones delictivas cristalizadas en el expediente clínico. 
  • Tiempo de atención en casos de emergencias obstétricas desde el momento en el que ingresan al centro de salud.
  • Disminución de casos.
  • Disminución de la mortalidad materna. 

 

Por otro lado, si bien la ley “Nacer con Cariño” reconoce derechos de las mujeres, no hace referencia a la actuación que se debe tener frente a una emergencia obstétrica.

Observatorio de la Sentencia Manuela vs. El Salvador, es una iniciativa de las organizaciones colitigantes y sus representades, con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de la sentencia en favor de Manuela, su familia y todas aquellas personas que se ven afectadas por la criminalización de las emergencias obstétricas, como consecuencia de la ley que penaliza de manera absoluta el aborto en El Salvador.

Colonia Centroamérica, Calle Gabriela Mistral #566, San Salvador, El Salvador.



Financiado por la Unión Europea en el marco del proyecto: “Vivas y empoderadas, luchando por nuestros derechos en El Salvador”.

Mujeres Criminalizadas en la Actualidad
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