Medida ordenada por la Corte IDH:
El Estado tiene la obligación de tomar de forma inmediata las medidas necesarias para asegurar la atención médica integral de las mujeres que sufran emergencias obstétricas.
Plazo:
Inmediato desde la notificación de la sentencia realizada el 30 de noviembre del 2021, con supervisión de la Corte por 3 años.
Estado de implementación:
El Estado aún no ha presentado información respecto a esta medida de no repetición.
Observaciones de organizaciones colitigantes:
Existen nuevas criminalizaciones que se han dado posteriormente a la notificación de la sentencia de Manuela vs. El Salvador. Estas criminalizaciones presentan una serie de patrones violatorios de los derechos humanos y contrarios a lo ordenado por la Corte IDH.
El personal de salud público sigue denunciando a mujeres que sufren emergencias obstétricas, en detrimento del secreto profesional. Estas mujeres, lejos de ser atendidas por su situación de salud, son interrogadas por el personal médico y son sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes cuando se encuentran detenidas en los hospitales o en bartolinas (por ejemplo, siguen siendo esposadas a las camillas, tal como le sucedió a Manuela).
Asimismo, se impide que sean visitadas en el hospital y se hace reserva del expediente judicial a la luz de lo establecido en los artículos 106 número 10, 307 y 369 del Código Procesal Penal y el artículo 84 de la Ley Crecer Juntos. Además, se obstaculiza la representación letrada de las mujeres debido a la calificación del delito y la aplicación del término del régimen de excepción
De acuerdo con datos internos de esta representación, actualmente existen 9 casos activos de mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas, dos de las cuales se encuentran privadas de la libertad.
Observatorio de la Sentencia Manuela vs. El Salvador, es una iniciativa de las organizaciones colitigantes y sus representades, con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de la sentencia en favor de Manuela, su familia y todas aquellas personas que se ven afectadas por la criminalización de las emergencias obstétricas, como consecuencia de la ley que penaliza de manera absoluta el aborto en El Salvador.
Colonia Centroamérica, Calle Gabriela Mistral #566, San Salvador, El Salvador.
Financiado por la Unión Europea en el marco del proyecto: “Vivas y empoderadas, luchando por nuestros derechos en El Salvador”.
