Manuela, una mujer salvadoreña, murió de cáncer a los 33 años de edad mientras pagaba una condena de 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado, tras haber sufrido una emergencia obstétrica y sin haber recibido nunca el tratamiento adecuado para el cáncer linfático que padecía (Linfoma de Hodgkin).
Manuela, una mujer salvadoreña de bajos recursos, murió de cáncer a los 33 años mientras cumplía una condena injusta de 30 años por homicidio agravado tras una emergencia obstétrica. Desde 2006, había acudido a la Unidad de Salud más cercana quejándose de diversos síntomas, pero solo recibió analgésicos. En 2007, cuando apareció una masa en su cuello que creció rápidamente, tampoco se le hicieron exámenes de diagnóstico. En 2008, sufrió una caída que llevó a una fuerte hemorragia, resultando en su hospitalización. El hospital informó a la Fiscalía sobre un supuesto aborto, y la Policía la interrogó sin asistencia legal adecuada, culminando en una sentencia basada en pruebas dudosas y testimonios coaccionados. Durante su reclusión, Manuela no recibió el tratamiento adecuado para su cáncer, y murió en 2010 tras negligencia médica y falta de atención constante.
El proceso contra Manuela estuvo plagado de irregularidades que violaron su derecho al debido proceso. Se presentó información falsa en su historia clínica y documentos forenses, y nunca tuvo acceso a un abogado que le explicara los procedimientos o defendiera sus derechos. Las actas del defensor eran falsas, y Manuela conoció a su abogado solo en la audiencia de condena, donde no se interpuso ningún recurso. En prisión, su salud se deterioró y solo recibió una evaluación completa un año después de su encarcelamiento, confirmándose el cáncer. A pesar de su grave estado, el tratamiento no fue constante, y murió en abril de 2010.
El Centro de Derechos Reproductivos, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y la Colectiva Feminista por el Desarrollo Local presentaron en 2012 una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciando estos hechos. En julio de 2019, la CIDH decidió someter el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Finalmente, en noviembre del 2021, la Corte IDH emitió una sentencia histórica en la que declaró responsable al Estado de El Salvador por la violación de los derechos humanos de Manuela y su familia. Estas violaciones incluyen: la vulneración de los derechos a la vida, la salud, la prohibición de tortura y tratos crueles, la libertad personal, vida privada, las protecciones y garantías judiciales, igualdad ante la ley y a estar libre de discriminación y violencia de género de Manuela, así como la integridad a sus familiares. El tribunal regional reconoció expresamente que en El Salvador hay un fenómeno de criminalización de emergencias obstétricas como consecuencia de la penalización total del aborto, el cual afecta mayoritariamente a mujeres que viven en situación de pobreza, en zonas rurales y tienen niveles bajos de escolaridad. En este marco, y en virtud de lo ocurrido a Manuela, la Corte IDH ordenó una serie de medidas de reparación que incluyen la implementación de reformas estructurales en el sistema de justicia y salud, para evitar que casos similares vuelvan a ocurrir, así como reparaciones integrales para la familia de Manuela. La sentencia tiene efectos a nivel latinoamericano y otros a nivel local específicamente para El Salvador. El principal efecto regional es la creación de jurisprudencia que obliga a El Salvador y al resto de los países de la región a tomar medidas para:
- Garantizar el secreto profesional del personal de salud para que ninguna mujer que intente acceder a servicios de salud reproductiva sea denunciada por delitos supuestos como el aborto.
- Garantizar protocolos adecuados para atender emergencias obstétricas con servicios de salud accesibles y de calidad.
- Asegurar que no se empleen estereotipos de género en el ámbito judicial, incluyendo aquellos que pretendan que una mujer debe actuar conforme a un rol reproductivo y, por ende, a un instinto maternal.
De manera específica el Estado salvadoreño tendrá que llevar a cabo estas acciones para cumplir con la sentencia de la Corte IDH:
- Regular la obligación de mantener el secreto profesional médico y la confidencialidad de la historia clínica. Y mientras ocurre la regulación, el personal médico debe abstenerse de denunciar a cualquier mujer que acuda buscando servicios de salud reproductiva.
- Reparar de manera integral a la familia de Manuela.
- Realizar modificaciones legislativas, tales como adecuar la figura de prisión preventiva, para que se aplique solo de forma excepcional, y la proporcionalidad de la pena en este tipo de casos.
- Tomar medidas inmediatas para asegurar la atención médica integral de mujeres que sufren emergencias obstétricas.
- Realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional acordado con las víctimas y la publicación de la sentencia.
“(…) la sentencia que condenó a Manuela incurre en todos los prejuicios propios de un sistema patriarcal y resta todo valor a las motivaciones y circunstancias del hecho. Recrimina a Manuela como si ésta hubiese violado deberes considerados propios de su género y, en forma indirecta, le reprocha su conducta sexual. Minimiza y desprecia la posible motivación de ocultar su supuesta falta para eludir la sanción de un medio tradicionalmente creado en valores androcéntricos. Por ende, constituyó una violación del derecho a la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgada por un tribunal imparcial, así como a la obligación de motivar las decisiones judiciales”.
Documentos
Contiene la resolución oficial emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el caso de Manuela. Este documento detalla las deliberaciones y conclusiones de la Corte acerca de las violaciones de derechos humanos sufridas por Manuela, una mujer salvadoreña que murió de cáncer mientras cumplía una condena de prisión. La resolución aborda aspectos como el debido proceso, la atención médica insuficiente y las condiciones carcelarias que contribuyeron a su fallecimiento. Además, incluye recomendaciones y medidas que el Estado de El Salvador debe implementar para reparar los daños causados y prevenir futuras violaciones similares.
Documentos
Análisis detallado sobre la relevancia y el impacto del caso de Manuela. Este documento, elaborado por el Center for Reproductive Rights, destaca cómo el caso ejemplifica las graves violaciones de los derechos humanos y reproductivos que enfrentan las mujeres en El Salvador debido a leyes estrictas sobre el aborto y la falta de acceso a atención médica adecuada.
Documentos
Análisis detallado sobre la relevancia y el impacto del caso de Manuela. Este documento, elaborado por el Center for Reproductive Rights, destaca cómo el caso ejemplifica las graves violaciones de los derechos humanos y reproductivos que enfrentan las mujeres en El Salvador debido a leyes estrictas sobre el aborto y la falta de acceso a atención médica adecuada.
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Análisis detallado sobre la relevancia y el impacto del caso de Manuela. Este documento, elaborado por el Center for Reproductive Rights, destaca cómo el caso ejemplifica las graves violaciones de los derechos humanos y reproductivos que enfrentan las mujeres en El Salvador debido a leyes estrictas sobre el aborto y la falta de acceso a atención médica adecuada.
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Análisis detallado sobre la relevancia y el impacto del caso de Manuela. Este documento, elaborado por el Center for Reproductive Rights, destaca cómo el caso ejemplifica las graves violaciones de los derechos humanos y reproductivos que enfrentan las mujeres en El Salvador debido a leyes estrictas sobre el aborto y la falta de acceso a atención médica adecuada.
Observatorio de la Sentencia Manuela vs. El Salvador, es una iniciativa de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto. Calle Gabriela Mistral #224, San Salvador Financiado por la Unión Europea.
